Desde El Medio
El concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque de Fuerza Patria Tigre, presentó junto a Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Adriana La Magna un proyecto de ordenanza para establecer un nuevo régimen integral de protección y bienestar animal en el Partido de Tigre. La actual integración de seis concejales del espacio también figura en la nómina del Concejo Deliberante y en publicaciones recientes sobre el bloque.
El punto central de la iniciativa es la prohibición de la venta, comercialización, oferta, intermediación y exhibición con fines comerciales de animales vivos en establecimientos y actividades sujetas al control municipal. La medida también comprende a criaderos y establecimientos de cría o reproducción cuando tengan como finalidad la comercialización de animales.
La propuesta busca, al mismo tiempo, que la adopción responsable sea prioritaria frente a la comercialización. Por eso, quedan expresamente exceptuadas las adopciones sin fines de lucro realizadas por organismos públicos, refugios, organizaciones de protección animal, rescatistas y proteccionistas.
“Queremos avanzar hacia un Tigre donde los animales no sean tratados como una mercancía. Hay muchísimos animales esperando una familia y muchísimos rescatistas que todos los días hacen un enorme trabajo. Creemos que el Estado tiene que acompañarlos y promover la adopción responsable”, señaló Rovira.
La iniciativa toma como antecedente cercano a San Fernando, donde la Ordenanza 13.785/25 modificó el nomenclador comercial para impedir la venta y exhibición de animales. Si bien esa norma había sido sancionada en 2025, el Municipio vecino anunció el 1 de septiembre de 2026 su puesta en aplicación y el intendente Juan Andreotti destacó públicamente la adopción como alternativa a la compra de animales. El propio proyecto presentado en Tigre incorpora expresamente esa ordenanza de San Fernando entre sus antecedentes legislativos.
“San Fernando dio un paso importante y creemos que Tigre también puede avanzar en ese sentido. Somos municipios vecinos y compartimos muchas de las mismas problemáticas. Si una política mejora la protección animal, vale la pena tomar esas experiencias y discutirlas acá”, agregó Rovira.
Multas, clausuras y apoyo a los rescatistas
El proyecto prevé sanciones para quienes incumplan la prohibición, que pueden ir desde multas equivalentes a uno y hasta veinte salarios básicos mínimos del personal municipal, hasta la clausura temporaria y, en casos graves o de reincidencia, la clausura definitiva o revocación de la habilitación comercial.
Además, propone que lo recaudado por esas multas tenga un destino específico para financiar acciones de rescate, atención veterinaria, medicamentos, castraciones, vacunación, alimentación, alojamiento transitorio y programas de asistencia a rescatistas y organizaciones proteccionistas.
La ordenanza crea también un Registro Municipal de Rescatistas, Proteccionistas y Organizaciones de Protección Animal, de inscripción voluntaria y gratuita, para generar un canal permanente de articulación con el Municipio.
“No alcanza solamente con prohibir. También tenemos que construir una política que acompañe a quienes rescatan animales, fortalezca las castraciones, promueva la adopción y dé herramientas para intervenir frente al abandono y el maltrato. La propuesta apunta a hacer todo eso de manera integral”, sostuvo Rovira.
El proyecto deberá ahora ser analizado por las comisiones correspondientes del Honorable Concejo Deliberante de Tigre antes de llegar al recinto.
