Desde El Medio
Según explicó, el régimen vigente no brinda respuestas adecuadas y genera una zona de impunidad. “Hoy el sistema no protege ni a las víctimas, no le da respuesta a las víctimas, pero tampoco le da respuesta a esos jóvenes que fueron captados por el delito”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la ley debería avanzar hacia un sistema educativo que establezca responsabilidades con un enfoque socioeducativo, tal como prevén las normas y estándares internacionales.
Avancini advirtió que actualmente la edad punible comienza a los 16 años, lo que deja una franja intermedia sin respuestas claras. “Queda un gris, queda una impunidad en el medio, que lo vemos con chicos que cometen delitos graves y terminan volviendo a la casa”, explicó, y agregó que esa situación no solo revictimiza a quienes sufrieron el delito, sino que tampoco contiene a los menores involucrados.
El concejal remarcó que se trata de una problemática compleja y multicausal. “Muchas veces ese menor vuelve a una casa donde el padre está detenido o no está, la madre está detenida o no está, y todo el entorno no lo favorece”, indicó, y subrayó que es en esos casos donde el Estado debe estar presente. “No se trata solamente de castigar, sino de actuar antes. Si el Estado llega antes, el delito llega tarde”, afirmó.
Consultado sobre los casos de menores involucrados en hechos graves, explicó que actualmente ingresan a regímenes abiertos con escasos controles. “Se escapan con facilidad, nadie controla, nadie prevé”, sostuvo, aunque aclaró que el eje no debe ser únicamente el castigo. “No podemos transformar esto en un régimen punitivo”, señaló, y remarcó que el sistema debe proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer a los jóvenes una oportunidad de resocialización.
Avancini señaló que Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas de la región. “Uruguay y Chile tienen un régimen a partir de los 14 años, Brasil prevé la intervención del Estado a partir de los 12”, detalló, y consideró que el país quedó atrasado por una mirada ideologizada de la política pública en materia de menores. En ese marco, se mostró partidario de avanzar hacia una edad más baja de responsabilidad penal.
El dirigente aclaró que bajar la edad de imputabilidad no implica tratar a los menores como adultos. “Ese es un concepto erróneo”, afirmó, y explicó que la ley prevé un sistema diferenciado, progresivo y con jueces especializados. “Tiene que haber responsabilidad. Si no le enseñás a los jóvenes que hay responsabilidad, no hay derechos”, sostuvo.
También alertó sobre el uso de menores por parte de organizaciones delictivas. “Hoy los están usando, les dan armas porque saben que no tienen consecuencias”, indicó, y remarcó la necesidad de que el Estado intervenga antes para evitar que los jóvenes sean captados por el delito.
En relación con la resocialización, Avancini consideró fundamental contar con espacios adecuados y un sistema socioeducativo sólido. “No un lugar de descarte que termina siendo una universidad del delito”, aclaró, y propuso acompañar las condenas con educación, formación en oficios y equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y abogados.
Sobre la responsabilidad familiar, sostuvo que el derecho penal castiga conductas individuales, aunque reconoció que el Estado debe intervenir cuando el entorno empuja al menor al delito. Finalmente, rechazó asociar directamente pobreza con criminalidad. “No pasa por la pobreza, pasa por la educación”, concluyó, y llamó a construir consensos para una política de Estado sostenida en el tiempo.
