Desde El Medio
La resolución confirma y legitima públicamente las denuncias que Sebastián Rovira y la ONG Compromiso con Tigre vienen impulsando desde hace meses sobre la complicidad política, las irregularidades administrativas y el avance descontrolado de las torres en el distrito.
Rovira (concejal electo y referente de Fuerza Patria) fue el primero en instalar el tema en la agenda pública, denunciando la proliferación de emprendimientos en altura y la ausencia total de planificación seria. Mientras la gestión municipal intentaba minimizar el problema, Rovira expuso públicamente los expedientes, llevó el debate a los medios y reunió a vecinos y especialistas, fortaleciendo un reclamo ciudadano que venía siendo ignorado.
El fallo surge del amparo ambiental presentado por la ONG Compromiso con Tigre, organización que desde hace años impulsa una política de crecimiento urbano sustentable, transparente y participativa. Hoy, ese trabajo sostenido desemboca en una decisión judicial sin precedentes.
Según la causa, el Municipio estaba próximo a aprobar 103 nuevos emprendimientos en altura en distintos barrios sin contar con los estudios obligatorios sobre su impacto urbano, social y ambiental. Durante los últimos meses, vecinos, urbanistas y organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la pérdida de identidad barrial, el colapso del tránsito, la saturación de cloacas y servicios, y la opacidad en los procesos de habilitación.
A pesar de esas advertencias, los bloques de Zamora y Cernadas mantuvieron una mayoría automática en la Comisión de Urbanismo para aprobar megaemprendimientos sin debate público, un mecanismo que ahora queda severamente cuestionado por la Justicia.
Rovira, ganador en las recientes elecciones, había prometido poner freno al avance desmedido de las torres. Con esta resolución —que llega incluso antes de su asunción— empieza a cumplir uno de los compromisos centrales de su campaña.
Al conocerse el fallo, Rovira declaró:
“En Tigre no estamos en contra del crecimiento: al contrario, queremos que la ciudad se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida. Pero si ese crecimiento hace que no podamos salir de nuestras casas por el tránsito, que nuestras cloacas colapsen, que los servicios no den abasto y que nuestros pibes no puedan alquilar ni empezar su vida en Tigre, entonces no es desarrollo: es negocio para unos pocos. Necesitamos un crecimiento que sea para todos, no solo para los bolsillos de algunos funcionarios y desarrolladores inmobiliarios. Este fallo es un primer paso enorme. Ahora vamos por un nuevo Código Urbano que le dé orden, reglas claras y planificación de verdad a nuestra ciudad.”
El fallo judicial no solo suspende habilitaciones: marca un límite institucional al modelo de ciudad que la gestión Zamora intentó profundizar y abre una nueva etapa en la discusión urbana de Tigre.
Por primera vez en años, la Justicia, los vecinos y las organizaciones recuperan protagonismo frente a decisiones discrecionales que definían el territorio sin control ni transparencia.
